Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las mujeres, manifestamos nuestra más rotunda condena y repulsa a la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todos los ámbitos y a todos los niveles.
La violencia de género constituye una de las más terribles lacras sociales, que atenta contra los derechos humanos y contra el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. En lo que va de año, según cifras oficiales, 48 mujeres han sido asesinadas a manos de hombres que decían quererlas. También 8 niñas y niños han sido asesinados por padres maltratadores que tenían el deber de protegerles.
Pese a que nuestra Constitución proclama el derecho a la vida y a la igualdad, y las normas de desarrollo legislativo prevén mecanismos de protección contra las conductas de violencia machista y sancionan las mismas, dichas conductas siguen reiterándose de forma continua, año tras año, sin que las estadísticas de los datos sobre violencia de género reflejen mejoría alguna ni avances en su erradicación.
Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en 2016 se registraron 142.893 denuncias por violencia de género. En el primer semestre de 2017 ya se han registrado un total de 83.198 denuncias, un 18,45% más que en el mismo periodo del año anterior, y estas cifras tienden a incrementarse.
Los fuertes recortes en derechos sociales y del gasto público durante los últimos años han supuesto un retroceso muy importante en el desarrollo de las políticas para la igualdad de género y en la lucha contra la violencia machista, lo que está teniendo una repercusión más que evidente, en el incremento de esta lacra.
Este hecho, junto con la necesidad de abordar la adopción de nuevas medidas, ante la gravedad de la situación, para eliminar los déficits detectados en relación con la violencia de género, tanto en el ámbito jurídico como en el presupuestario, en el judicial, policial, de servicios sociales, educativo, sanitario.
